Reproducimos aquí el artículo escrito por Esther Antero presidenta de la recien creada asociación ACOVIDEM (Asociación contra la Violencia Doméstica y en Defensa del Menor).El artículo se publicó el pasado 10 de julio en la sección de opinión del Diario Vasco.
CAMBIO MOVIL POR ESCOLTA
Esther Antero
Ante los datos publicados en este periódico en dos artículos del día 17 y 22 de junio sobre la situación de los escoltas a raíz de la tregua de ETA y respecto de las sanciones penales del carné por puntos, la Asociación Contra la Violencia Doméstica y en Defensa del Menor Acovidem, se ve obligada a mostrar su opinión. Estamos perplejas, ante la cifra de dinero para gastar en protección a cargos políticos cuando hay un anuncio público de alto el fuego, reforzado por la apertura de diágolo entre ETA y Gobierno para el inicio de la puesta en marcha del proceso de paz. El número de mujeres muertas es espeluznante (1 cada 5 días aproximadamente; mientras que desde hace tres años no hay víctimas de terrorismo político, por fortuna), y a estas mujeres se las ninguneó en cuanto a protección se refiere. Leemos con asombro que se aconseja a los militantes políticos «que no prescindan de los servicios de vigilancia» o bien que «se les obligará a firmar un documento en el que dejen claro que se ha tratado de una iniciativa personal». Y para finalizar se señala que «los escoltas privados afectados por la reducción de los servicios de seguridad podrían ser recolocados en puestos de protección a las mujeres amenazadas por la violencia machista». De todo esto se deduce (el inconsciente siempre traiciona), que la primera prioridad sería la protección a los militantes políticos aunque en este momento el riesgo quede en entredicho; y en segundo lugar evitar el paro entre el colectivo de escoltas. Por lo que se puede entender que la violencia contra las mujeres no constituye un problema, pero sí una solución para paliar el paro que podría devenir al sector de la protección. ¿Todas nosotras nos alegramos al unísono de que se nos considere únicamente de utilidad a la hora de parchear un problema de paro!
En el artículo se expresa textualmente que «la intención de los responsables de Interior, central y vasco, es no dejar sin escolta a nadie que muestre su necesidad de seguir manteniendo su servicio de protección». La pregunta es: ¿cómo muestra una persona dicha necesidad (dos escoltas más vehículo), cuando hay anuncio público de alto el fuego y proceso de diálogo? Por el contrario, ¿qué le tiene que ocurrir a una mujer para demostrar que presenta alto riesgo y tiene que ser protegida para no ser asesinada? Desde luego no le basta con expresar que tiene esa necesidad. Al político el riesgo se le presupone. A la mujer no se le cree cuando manifiesta su miedo y se le exige «un primer atentado» para aceptar el riesgo y, en muchos casos, ni aún así.
Este operativo, que cuesta 142 millones de euros al año, distribuido a partes iguales entre el Ministerio y la Consejería de Interior, podría servir para proteger a muchísimas mujeres con riesgo real. No necesitamos coches ni precisamos de dos escoltas. Por todo ello y en base a hablar en términos de eficiencia en el momento actual, el colectivo de mujeres víctimas de violencia de género propondríamos: 1º) Entregar los móviles que se nos dieron para los momentos de emergencia. 2º) Dichos móviles se entregarán a los militantes políticos para que, de detectar algo sospechoso en el entorno, pulsen el número 3 y se active la alarma correspondiente. 3º) Ya que actualmente el riesgo más alto de sufrir un atentado contra la vida, lo padecen las mujeres, dar cobertura de protección a dicho colectivo y entorno (está más que demostrado que las órdenes de alejamiento son absolutamente ineficaces). Así, el colectivo de escoltas también podrá respirar con tranquilidad, ya que por desgracia, lejos de solucionar el problema de violencia de género, hoy por hoy, este cada vez va en aumento.
Si realmente consideran, como dicen, la violencia de género como un serio problema, al menos no se mofen del colectivo de mujeres afectadas tratándolas «como un plan para adecuar los escoltas a la tregua».
Y siguiendo con la importancia que se otorga a la violencia de género, no sólo el ministro y el consejero de Interior hacen comentarios a nuestro juicio poco serios. El ministro de Justicia manifiesta que «sobrepasar los límites de velocidad en vía urbana en 40 kilómetros por hora y en 70 en vías interurbanas serán considerados delitos y podrían llevar penas de cárcel» y «otra de las próximas incorporaciones al código penal como delito es la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas». Obviamente estamos a favor de este tipo de medidas para disminuir los siniestros y en pro de la vida. Pero nuevamente queda de manifiesto el olvido por parte de Justicia de otro tipo de «siniestros» igual de graves en resultados pero con una intencionalidad mucho más dañina por parte de quien los comete. Nos referimos a los agresores de las mujeres, a quien sí se les oferta medidas de gracia (Artículo 87), a cambio de que «prometan ser buenos y que van a cambiar» realizando un «curso de rehabilitación» que les libra de la cárcel aún habiendo sentencia firme.Es curioso que la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas sea un agravante (totalmente de acuerdo), pero sin embargo resulte un atenuante si quien lo ha ingerido es una persona con arma en mano e intención de matar a alguien, o habiéndolo ya hecho. Ahora bien, ¿líbrese el agresor de coger el coche posteriormente! ya que si tiene que soplar en un control de alcoholemia terminará con sus huesos en la cárcel por este motivo. Entendemos que los conductores se encuentran en franca discriminación. Por ello proponemos:
1.- Que a los conductores que hayan cometido el delito de conducir bajo los efectos del alcohol o sobrepasando el límite de velocidad sin que haya habido siniestro, se les financie un curso de «rehabilitación alcohólica» y de «control de la agresividad al volante». De esta manera, no pasarán por el mal trago de ver cómo sus compañeros de prisión por haber agredido a mujeres salen por la puerta trasera, sonrientes, a realizar dicho cursillo mientras ellos no tienen esa posibilidad por haber cogido el coche habiendo tomado dos copas.
2.- No se puede permitir que siga siendo atenuante la ingesta de drogas o alcohol en la comisión de delitos con clara intencionalidad de provocar daño directamente.
Seguimos relegadas a un último lugar a la hora de tomar medidas contra nuestros agresores, a quien sí les sale casi gratuito hacer alardes y demostrar su violencia. Queremos mostrar nuestro desacuerdo con el enfoque del problema que en ocasiones se da desde las administraciones. Dejen de hablar tanto de solidaridad y concienciación social, que también son necesarias; y cuenten con nuestra opinión de primera mano, de una santa vez, para poner soluciones eficaces a corto y largo plazo y así acabar con esta maldita lacra.
CAMBIO MOVIL POR ESCOLTA
Esther Antero
Ante los datos publicados en este periódico en dos artículos del día 17 y 22 de junio sobre la situación de los escoltas a raíz de la tregua de ETA y respecto de las sanciones penales del carné por puntos, la Asociación Contra la Violencia Doméstica y en Defensa del Menor Acovidem, se ve obligada a mostrar su opinión. Estamos perplejas, ante la cifra de dinero para gastar en protección a cargos políticos cuando hay un anuncio público de alto el fuego, reforzado por la apertura de diágolo entre ETA y Gobierno para el inicio de la puesta en marcha del proceso de paz. El número de mujeres muertas es espeluznante (1 cada 5 días aproximadamente; mientras que desde hace tres años no hay víctimas de terrorismo político, por fortuna), y a estas mujeres se las ninguneó en cuanto a protección se refiere. Leemos con asombro que se aconseja a los militantes políticos «que no prescindan de los servicios de vigilancia» o bien que «se les obligará a firmar un documento en el que dejen claro que se ha tratado de una iniciativa personal». Y para finalizar se señala que «los escoltas privados afectados por la reducción de los servicios de seguridad podrían ser recolocados en puestos de protección a las mujeres amenazadas por la violencia machista». De todo esto se deduce (el inconsciente siempre traiciona), que la primera prioridad sería la protección a los militantes políticos aunque en este momento el riesgo quede en entredicho; y en segundo lugar evitar el paro entre el colectivo de escoltas. Por lo que se puede entender que la violencia contra las mujeres no constituye un problema, pero sí una solución para paliar el paro que podría devenir al sector de la protección. ¿Todas nosotras nos alegramos al unísono de que se nos considere únicamente de utilidad a la hora de parchear un problema de paro!
En el artículo se expresa textualmente que «la intención de los responsables de Interior, central y vasco, es no dejar sin escolta a nadie que muestre su necesidad de seguir manteniendo su servicio de protección». La pregunta es: ¿cómo muestra una persona dicha necesidad (dos escoltas más vehículo), cuando hay anuncio público de alto el fuego y proceso de diálogo? Por el contrario, ¿qué le tiene que ocurrir a una mujer para demostrar que presenta alto riesgo y tiene que ser protegida para no ser asesinada? Desde luego no le basta con expresar que tiene esa necesidad. Al político el riesgo se le presupone. A la mujer no se le cree cuando manifiesta su miedo y se le exige «un primer atentado» para aceptar el riesgo y, en muchos casos, ni aún así.
Este operativo, que cuesta 142 millones de euros al año, distribuido a partes iguales entre el Ministerio y la Consejería de Interior, podría servir para proteger a muchísimas mujeres con riesgo real. No necesitamos coches ni precisamos de dos escoltas. Por todo ello y en base a hablar en términos de eficiencia en el momento actual, el colectivo de mujeres víctimas de violencia de género propondríamos: 1º) Entregar los móviles que se nos dieron para los momentos de emergencia. 2º) Dichos móviles se entregarán a los militantes políticos para que, de detectar algo sospechoso en el entorno, pulsen el número 3 y se active la alarma correspondiente. 3º) Ya que actualmente el riesgo más alto de sufrir un atentado contra la vida, lo padecen las mujeres, dar cobertura de protección a dicho colectivo y entorno (está más que demostrado que las órdenes de alejamiento son absolutamente ineficaces). Así, el colectivo de escoltas también podrá respirar con tranquilidad, ya que por desgracia, lejos de solucionar el problema de violencia de género, hoy por hoy, este cada vez va en aumento.
Si realmente consideran, como dicen, la violencia de género como un serio problema, al menos no se mofen del colectivo de mujeres afectadas tratándolas «como un plan para adecuar los escoltas a la tregua».
Y siguiendo con la importancia que se otorga a la violencia de género, no sólo el ministro y el consejero de Interior hacen comentarios a nuestro juicio poco serios. El ministro de Justicia manifiesta que «sobrepasar los límites de velocidad en vía urbana en 40 kilómetros por hora y en 70 en vías interurbanas serán considerados delitos y podrían llevar penas de cárcel» y «otra de las próximas incorporaciones al código penal como delito es la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas». Obviamente estamos a favor de este tipo de medidas para disminuir los siniestros y en pro de la vida. Pero nuevamente queda de manifiesto el olvido por parte de Justicia de otro tipo de «siniestros» igual de graves en resultados pero con una intencionalidad mucho más dañina por parte de quien los comete. Nos referimos a los agresores de las mujeres, a quien sí se les oferta medidas de gracia (Artículo 87), a cambio de que «prometan ser buenos y que van a cambiar» realizando un «curso de rehabilitación» que les libra de la cárcel aún habiendo sentencia firme.Es curioso que la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas sea un agravante (totalmente de acuerdo), pero sin embargo resulte un atenuante si quien lo ha ingerido es una persona con arma en mano e intención de matar a alguien, o habiéndolo ya hecho. Ahora bien, ¿líbrese el agresor de coger el coche posteriormente! ya que si tiene que soplar en un control de alcoholemia terminará con sus huesos en la cárcel por este motivo. Entendemos que los conductores se encuentran en franca discriminación. Por ello proponemos:
1.- Que a los conductores que hayan cometido el delito de conducir bajo los efectos del alcohol o sobrepasando el límite de velocidad sin que haya habido siniestro, se les financie un curso de «rehabilitación alcohólica» y de «control de la agresividad al volante». De esta manera, no pasarán por el mal trago de ver cómo sus compañeros de prisión por haber agredido a mujeres salen por la puerta trasera, sonrientes, a realizar dicho cursillo mientras ellos no tienen esa posibilidad por haber cogido el coche habiendo tomado dos copas.
2.- No se puede permitir que siga siendo atenuante la ingesta de drogas o alcohol en la comisión de delitos con clara intencionalidad de provocar daño directamente.
Seguimos relegadas a un último lugar a la hora de tomar medidas contra nuestros agresores, a quien sí les sale casi gratuito hacer alardes y demostrar su violencia. Queremos mostrar nuestro desacuerdo con el enfoque del problema que en ocasiones se da desde las administraciones. Dejen de hablar tanto de solidaridad y concienciación social, que también son necesarias; y cuenten con nuestra opinión de primera mano, de una santa vez, para poner soluciones eficaces a corto y largo plazo y así acabar con esta maldita lacra.
2 comentarios:
Un articulo estupendo...Bienvenida ACOVIDEM...
Bien, ya estamos hartas de que nos hablen las instituciones , los partidos e incluso las asociaciones de mujeres para decirnos lo que tenemos que hacer o lo que no teníamos que haber hecho. Hablar con nosotras, cre que nos lo merecemos.
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